El pueblo andaluz, que se volcó el 28 de febrero de 1980 en la consecución de su autonomía, ha sido y será siempre el verdadero protagonista de su historia. Sin embargo, después de 27 años de prodigios y desatinos, de esperanzas y frustraciones, un buen puñado de hombres y de mujeres andaluces pusieron su rúbrica en los proyectos del duro caminar hacia el autogobierno y el bienestar. Unos verán escrito su nombre con letras de oro en los anales históricos; otros caerán en la fosa del olvido y otros –quizás los menos-, serán recordados con amargura. Ellos son, para bien o para mal, algunos de los protagonistas de los últimos 27 años.
Conviene clarificar, una vez más, cómo se produjo el desbloqueo de la Autonomía andaluza y el papel jugado por cada una de las formaciones políticas que tuvieron participación en este delicado proceso. Las fuerzas políticas que a partir de las legislativas de junio de 1977 consensuaron el Título VIII de la Constitución, estuvieron de acuerdo en admitir dos tipos de autonomías. Una, con mayores competencias y autogobierno, las llamadas “nacionalidades históricas”, que mediante la Disposición Transitoria II accedían a la misma automáticamente, en virtud de unos supuestos “derechos históricos” que anteriormente habían adquirido. Otra, aplicable al resto de las posibles comunidades, con inferiores cuotas de autogobierno, y a la que se accedería mediante el artículo 143 de la Constitución. Para atemperar el “agravio comparativo” que pudiera originarse, y las manifestaciones andaluzas del 4 de diciembre de 1977 fueron testimonio, se instrumentó el “famoso” artículo 151 de la Constitución, en cuya virtud también pudiera alcanzarse similares techos competenciales por otras comunidades, de las llamadas “no históricas”, mediante la celebración de un referéndum.
Los andalucistas se opusieron a la Ley Reguladora de las distintas modalidades de Referéndum de 18 de enero de 1980, que cerraba todas las posibilidades prácticas de que se ganara por la vía del artículo 151 que exigía más de la mitad del censo. Y además, por si fuera poco, en todas y cada una de las ocho provincias de tal modo que, con sólo una provincia que no alcanzara tal proporción, esta vía quedaba cerrada. El referéndum se celebró el 28 de febrero de 1980 y, como era previsible, dadas las condiciones aprobadas por el PSOE, no se ganó por escaso margen en Almería, con lo que el proceso autonómico quedaba bloqueado durante un lustro.
El camino no fue fácil y Andalucía tuvo que luchar, como ninguna otra Comunidad, para que le fuera reconocida la autonomía plena. Antes habían dado la cara Rafael Escuredo, que se vio obligado a dimitir al chocar sus planteamientos autonómicos con los de Alfonso Guerra. Y Manuel Clavero, que igualmente dimitió como ministro de UCD, por estar en desacuerdo con el tratamiento que el Gobierno presidido por Adolfo Suárez daba a la cuestión de la autonomía andaluza.
Se habrá podido estar de acuerdo o en desacuerdo con estas dimisiones, un hecho insólito en los hábitos del político español, pero desde la perspectiva del tiempo podemos calibrar la decisiva importancia que tuvo la cuestión andaluza en la configuración del Estado de las Autonomías. Posiblemente, si Andalucía no hubiera logrado acceder a su autogobierno pleno, el mapa autonómico del país sería muy distinto de lo que es hoy día.
La voluntad autonómica del pueblo andaluz fue patente y si ese referéndum lo pudieron ganar los andaluces fue gracias al concurso de muchas fuerzas coincidentes. La enorme contribución de los Andalucistas, donde cabe valorar en términos positivos el polémico acuerdo de Alejandro Rojas-Marcos con Rodolfo Martín Villa, que permitió desbloquear el problema y permitir negociar una solución. Se criticaron ásperamente las tesis de los Andalucistas, pero la realidad histórica ha demostrado su decisiva contribución en la lucha por la autonomía y más concretamente por el acierto de haber pactado con el Gobierno centrista de Madrid una salida siempre defendible, contra las calumnias socialistas.
Y vino entonces un hombre, que denunció el pacto entre la UCD y el PSOE, que midió el riesgo, y que rompió aquel silencio de cementerio en que los centralistas habían sumido a Andalucía. Un hombre que forzó la conversión de la derrota legal en victoria moral. Un hombre que para eso tuvo que pactar, en nombre del Grupo Andalucista, sabiendo que en ello les iba su credibilidad política. Y un Partido Andalucista que cogió la lata de gasolina constitucional, se la roció, prendió la llama del andalucismo y se quemó a lo bonzo, sabiendo que se inmolaba. Fue en la sesión plenaria del 17 de septiembre de ese mismo año, con motivo de la moción de confianza solicitada por el Presidente Adolfo Suárez, cuando Alejandro Rojas-Marcos, en nombre del Grupo Andalucista, desbloqueó el proceso autonómico, consiguiendo la promesa pública del Gobierno de acceder a la autonomía plena del artículo 151, por la única vía posible, sin necesidad de repetir el referéndum.
Pero, a pesar de ser claro y evidente, la cúpula del PSOE supo manipular los hechos de tal forma ante la opinión pública andaluza, para que Alejandro Rojas-Marcos y los andalucistas quedaran como traidores al pueblo andaluz. Con aquel pacto se consiguió el Estatuto que permitió que llegaran al poder los mismos que antes habían intentado por todos los medios que Andalucía no fuera autónoma. La historia desvela a estas alturas que el calvario de Rojas-Marcos como víctima propiciatoria de la mala conciencia de los centralistas travestidos de verde y blanco, sólo fue el producto de una campaña tenazmente avivada por muchos pero, sobre todo, por su partido, incluido él mismo.
Los Andalucistas sabían que, en un plazo no muy lejano, tanto PC como PSOE aceptarían la fórmula que el Partido Andaluz había conseguido del Gobierno, para que Andalucía tuviera la autonomía plena del 151, que votó el 28 de febrero. Lo aceptarían, como aceptaron otras propuestas andalucistas, que negaron en un principio. Fue una demoledora y sucia campaña de desprestigio contra ese acuerdo, llegando hasta el insulto, con un estilo poco democrático.
Por culpa de los políticos, casi siempre, la historia se escribe constantemente con renglones torcidos, para luego echarles la culpa a los pobres calígrafos. Ya es hora de que la verdad sobre la autonomía Andaluza se abra camino, y se sepa cómo y gracias a quién, se desbloqueó el proceso. Y espero que el pueblo andaluz, con gesto hidalgo y limosna generosa, les restituya, indulte y absuelva, un día no lejano, el crédito que le negó al Partido Andalucista en aquellos momentos, aunque sea difícil restaurar del todo su buena imagen.
Conviene clarificar, una vez más, cómo se produjo el desbloqueo de la Autonomía andaluza y el papel jugado por cada una de las formaciones políticas que tuvieron participación en este delicado proceso. Las fuerzas políticas que a partir de las legislativas de junio de 1977 consensuaron el Título VIII de la Constitución, estuvieron de acuerdo en admitir dos tipos de autonomías. Una, con mayores competencias y autogobierno, las llamadas “nacionalidades históricas”, que mediante la Disposición Transitoria II accedían a la misma automáticamente, en virtud de unos supuestos “derechos históricos” que anteriormente habían adquirido. Otra, aplicable al resto de las posibles comunidades, con inferiores cuotas de autogobierno, y a la que se accedería mediante el artículo 143 de la Constitución. Para atemperar el “agravio comparativo” que pudiera originarse, y las manifestaciones andaluzas del 4 de diciembre de 1977 fueron testimonio, se instrumentó el “famoso” artículo 151 de la Constitución, en cuya virtud también pudiera alcanzarse similares techos competenciales por otras comunidades, de las llamadas “no históricas”, mediante la celebración de un referéndum.
Los andalucistas se opusieron a la Ley Reguladora de las distintas modalidades de Referéndum de 18 de enero de 1980, que cerraba todas las posibilidades prácticas de que se ganara por la vía del artículo 151 que exigía más de la mitad del censo. Y además, por si fuera poco, en todas y cada una de las ocho provincias de tal modo que, con sólo una provincia que no alcanzara tal proporción, esta vía quedaba cerrada. El referéndum se celebró el 28 de febrero de 1980 y, como era previsible, dadas las condiciones aprobadas por el PSOE, no se ganó por escaso margen en Almería, con lo que el proceso autonómico quedaba bloqueado durante un lustro.
El camino no fue fácil y Andalucía tuvo que luchar, como ninguna otra Comunidad, para que le fuera reconocida la autonomía plena. Antes habían dado la cara Rafael Escuredo, que se vio obligado a dimitir al chocar sus planteamientos autonómicos con los de Alfonso Guerra. Y Manuel Clavero, que igualmente dimitió como ministro de UCD, por estar en desacuerdo con el tratamiento que el Gobierno presidido por Adolfo Suárez daba a la cuestión de la autonomía andaluza.
Se habrá podido estar de acuerdo o en desacuerdo con estas dimisiones, un hecho insólito en los hábitos del político español, pero desde la perspectiva del tiempo podemos calibrar la decisiva importancia que tuvo la cuestión andaluza en la configuración del Estado de las Autonomías. Posiblemente, si Andalucía no hubiera logrado acceder a su autogobierno pleno, el mapa autonómico del país sería muy distinto de lo que es hoy día.
La voluntad autonómica del pueblo andaluz fue patente y si ese referéndum lo pudieron ganar los andaluces fue gracias al concurso de muchas fuerzas coincidentes. La enorme contribución de los Andalucistas, donde cabe valorar en términos positivos el polémico acuerdo de Alejandro Rojas-Marcos con Rodolfo Martín Villa, que permitió desbloquear el problema y permitir negociar una solución. Se criticaron ásperamente las tesis de los Andalucistas, pero la realidad histórica ha demostrado su decisiva contribución en la lucha por la autonomía y más concretamente por el acierto de haber pactado con el Gobierno centrista de Madrid una salida siempre defendible, contra las calumnias socialistas.
Y vino entonces un hombre, que denunció el pacto entre la UCD y el PSOE, que midió el riesgo, y que rompió aquel silencio de cementerio en que los centralistas habían sumido a Andalucía. Un hombre que forzó la conversión de la derrota legal en victoria moral. Un hombre que para eso tuvo que pactar, en nombre del Grupo Andalucista, sabiendo que en ello les iba su credibilidad política. Y un Partido Andalucista que cogió la lata de gasolina constitucional, se la roció, prendió la llama del andalucismo y se quemó a lo bonzo, sabiendo que se inmolaba. Fue en la sesión plenaria del 17 de septiembre de ese mismo año, con motivo de la moción de confianza solicitada por el Presidente Adolfo Suárez, cuando Alejandro Rojas-Marcos, en nombre del Grupo Andalucista, desbloqueó el proceso autonómico, consiguiendo la promesa pública del Gobierno de acceder a la autonomía plena del artículo 151, por la única vía posible, sin necesidad de repetir el referéndum.
Pero, a pesar de ser claro y evidente, la cúpula del PSOE supo manipular los hechos de tal forma ante la opinión pública andaluza, para que Alejandro Rojas-Marcos y los andalucistas quedaran como traidores al pueblo andaluz. Con aquel pacto se consiguió el Estatuto que permitió que llegaran al poder los mismos que antes habían intentado por todos los medios que Andalucía no fuera autónoma. La historia desvela a estas alturas que el calvario de Rojas-Marcos como víctima propiciatoria de la mala conciencia de los centralistas travestidos de verde y blanco, sólo fue el producto de una campaña tenazmente avivada por muchos pero, sobre todo, por su partido, incluido él mismo.
Los Andalucistas sabían que, en un plazo no muy lejano, tanto PC como PSOE aceptarían la fórmula que el Partido Andaluz había conseguido del Gobierno, para que Andalucía tuviera la autonomía plena del 151, que votó el 28 de febrero. Lo aceptarían, como aceptaron otras propuestas andalucistas, que negaron en un principio. Fue una demoledora y sucia campaña de desprestigio contra ese acuerdo, llegando hasta el insulto, con un estilo poco democrático.
Por culpa de los políticos, casi siempre, la historia se escribe constantemente con renglones torcidos, para luego echarles la culpa a los pobres calígrafos. Ya es hora de que la verdad sobre la autonomía Andaluza se abra camino, y se sepa cómo y gracias a quién, se desbloqueó el proceso. Y espero que el pueblo andaluz, con gesto hidalgo y limosna generosa, les restituya, indulte y absuelva, un día no lejano, el crédito que le negó al Partido Andalucista en aquellos momentos, aunque sea difícil restaurar del todo su buena imagen.
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