30 de mayo de 2009

El Partido Andalucista denuncia los reconocimientos extrajudiciales de créditos


En el pleno del pasado 27 de Abril, Cristóbal González Palma, portavoz y concejal electo del Grupo Municipal Andalucista se abstuvo en la votación para aprobar el cuarto reconocimiento extrajudicial de crédito de los últimos tiempos: uno el año pasado, dos el anterior, y en este es el primero. Según la Concejala Delegada de Hacienda se han llevado a cabo prestación de servicios sin contar con crédito presupuestario adecuado y suficiente, por lo que en este pleno se presenta un nuevo reconocimiento extrajudicial de créditos para su aprobación, que supera los 10.250.000 euros, más de 1.700 millones de pesetas.
El importe de créditos en estos tres últimos años supone más de 34 millones de euros, unos 5.700 millones de pesetas. Hubo una vez, hace muchos años, que en el Ayuntamiento de Fuengirola se hacían Plenos donde se llevaba a cabo la suplementación o la habilitación de partidas cuando había gasto que se hacía dentro de ese ejercicio, y por cualquier cuestión no se había tramitado con anterioridad, que es la forma correcta y reglamentaria de hacerlo.
Ha de advertirse que en ejercicios anteriores, con arreglo a los criterios sostenidos con los responsables de la Intervención Municipal, los gastos realizados sin consignación, que no pudieron ser imputados presupuestariamente en su momento en años anteriores, se imputaron al ejercicio corriente sin contar con una tramitación diferenciada del reconocimiento de las diferentes partidas del estado de gasto. Es decir, que metemos mas gasto, procedente de un reconocimiento extrajudicial de crédito. Si no frenamos el gasto lo suficiente o no ponemos más ingreso, evidente-mente no van a cuadrar las cuentas.
Es por ello que el Partido Andalucista, muy preocupado por este asunto, con fecha 24 de noviembre del pasado año, elevó escrito a la Cámara de Cuentas de Andalucía para su conocimiento, y en su caso efectos que procedan, sobre la aprobación por el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Fuengirola de tres expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. El primero aprobado el 30 de abril de 2007 por un importe de 8.500.000 euros. El segundo aprobado el 29 de octubre de 2007 por importe de 3.500.000 euros, y el tercero aprobado con fecha 26 de mayo de 2008 por importe superior a los 12.500.000 euros. El importe global supera los 24 millones de euros, es decir, más de 4.000 millones de pesetas.
Si legalmente pudieran producirse desfases de este tipo, no parece que la elaboración de los Presupuestos anuales tuviera mucha importancia, puesto que podría autorizarse casi todo tipo de gastos sin habilitación o suplementación de partidas. El reconocimiento extrajudicial de créditos supone una quiebra del principio de anualidad presupuestaria, al tiempo que no puede hacer obviar el incumplimiento de la prohibición que establece el artículo 173.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, de adquirir compromisos de gastos por importe superior al crédito autorizado.
En consecuencia, nos parece no ajustado a Derecho los acuerdos antes citados del Ayuntamiento de Fuengirola, pero tampoco podemos olvidar que terceros, de buena fe, que han prestado servicios o han efectuado suministros, deben cobrar, puesto que de otra forma se produciría un enriquecimiento injusto para el Ayuntamiento y un perjuicio absolutamente ilícito para los proveedores. Entendemos que, como humanos, pudieran producirse pequeños errores al contrastar la necesidad de adquirir bienes y servicios con las partidas presupuestarias correspondientes, pero desviaciones de más de 24 millones de euros en dos anualidades nos parece fuera de toda lógica y razón. Por todo ello, el Partido Andalucista ha solicitado el dictamen pertinente a la Cámara de Cuentas, que es el órgano que debe fiscalizar a los Ayuntamientos, para que se pronuncie al respecto por si pudiera producirse algún incumplimiento de la legalidad en las tramitaciones que profusamente se está haciendo en el Ayuntamiento de Fuengirola. En tal caso, se pondría en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales competentes.

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