Vuelven a desempolvarse viejos debates sobre la conveniencia de eliminar, o cuando menos rediseñar, instituciones que se han quedado obsoletas y son, además, un saco sin fondo para los recursos públicos. La supresión de las diputaciones supondría el 50 % del recorte estimado por el Gobierno. Creadas hace dos siglos, las 38 diputaciones provinciales, tres forales, siete cabildos y cuatro consejos insulares suponen un gasto anual cercano a los 22.000 millones de euros. De ellos, algo más de 15.000 millones corresponden a las tres forales, mientras que los 6.800 millones restantes los suponen las demás instituciones intermedias.
Con más de un millar de diputados provinciales, emplean a cerca de 80.000 personas y tienen otro punto débil en su deuda, que al cierre del 2010 alcanzaba los 6.358 millones de euros. Estos entes locales intermedios han quedado, en la mayoría de los casos, relegados, lo que los convierte en Administraciones redundantes, además de añadir una complejidad innecesaria que solo alimenta el gasto, la confusión competencial y la ineficiencia. El Partido Andalucista aboga abiertamente por su supresión.
Con más de un millar de diputados provinciales, emplean a cerca de 80.000 personas y tienen otro punto débil en su deuda, que al cierre del 2010 alcanzaba los 6.358 millones de euros. Estos entes locales intermedios han quedado, en la mayoría de los casos, relegados, lo que los convierte en Administraciones redundantes, además de añadir una complejidad innecesaria que solo alimenta el gasto, la confusión competencial y la ineficiencia. El Partido Andalucista aboga abiertamente por su supresión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario