La crisis también va a generar importantes
consecuencias sobre la organización territorial del Estado. La necesidad de
hacer ajustes para controlar el déficit, la deuda y la ingente cantidad de
desempleados que existe ha propiciado un debate populista sobre reducción de
administraciones, recortes por doquier y ataque sistemático a la clase
política, escudo muchas veces para las medidas del gobierno de Madrid,
planteándose un debate muy peligroso, de corte populista, muy nocivo para la
democracia. Es preciso que los Andalucistas no contribuyamos al mismo y seamos
profundamente respetuosos con las reglas democráticas practicando la crítica
más decidida pero no el populismo barato del que hacen gala algunos partidos
políticos.
Entendemos que la receta única, para todos
los ayuntamientos por igual, no puede funcionar. Andalucía es un hecho diferencial,
con una demografía muy particular dentro del cómputo global del Estado. La
tremenda crisis económica que nos asola, nos coloca a la cabeza del desempleo
en Europa, nos obliga a orientar nuestras acciones hacia la creación de empleo,
fomentando la economía e incentivando nuestro escaso tejido productivo.
Existe
un hecho diferencial, se llama Andalucía, tiene un territorio y una población
muy particular, resaltando el hecho de que en Andalucía la mayor parte de la
población se encuentra en ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Nuestro Estatuto de
Autonomía regula las competencias que se distribuyen al pueblo andaluz y no estamos
dispuestos a perder ni un ápice de
nuestra
Autonomía.
La
defensa del Estado del Bien-estar es una constante histórica en el discurso Andalucista
que siempre apostó porque el Estado corrigiera los desequilibrios que el mercado
generaba, pero también es el respeto a ese libre mercado y la confianza en la
sociedad civil como generadora de actividad económica y empleo.
La política ultraliberal del Gobierno del
PP, que aprovecha la crisis económica para desmantelar por la vía de los
hechos el estado del bienestar, no solo pone en tela de juicio
el modelo de Estado Social que propugna el Art. 1 de la CE , a la que tanto hacen
referencia cuando les interesa, sino que además cuestiona el mismo funcionamiento
democrático al presentar esas medidas como las únicas posibles, de obligado
cumplimiento y al margen de la ciudadanía.
Los Andalucistas consideramos que es
necesaria una regulación de los sueldos de los cargos públicos y el número de liberados y
funcionarios eventuales de las corporaciones municipales, en función de la
población.
Existe
además una razón de necesidad de reducir administración pública para evitar duplicidades,
con lo que sintonizamos así con una buena parte de la opinión pública que ve
como peligran ciertos derechos por exceso de gasto público superfluo, al tiempo
que atacamos al verdadero y constante peligro institucional del federalismo cual
es el centralismo y su estructura provincial.
Debemos hacer un mayor esfuerzo en volver a
colocarnos a la vanguardia del estado, con una posición política clara, a favor
del municipalismo y de un mayor autogobierno, de la eliminación de los
vestigios del centralismo, a favor del federalismo y de una administración
única. La posición y el discurso andalucista debe ser más nacionalista que el de PSOE, IU y
PP.
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