5 de septiembre de 2014

La Diputación de Málaga paga a dos de sus vice-presidentes cursos particulares de alta dirección

 Otro escándalo rodea a la Diputación malagueña, que ha salido a la luz después de más de un año. Se trata de un decreto para pagar con fondos públicos dos programas de alta dirección para el vicepresidente primero Francisco Oblaré y para la vicepresidenta tercera, Ana Carmen Mata, por valor de 14.500 euros. Cursos de élite para destinatarios privados abonados con dinero público de todos los malagueños.

  Un nuevo escándalo está servido en la Diputación de Málaga regida por el presidente provincial del Partido Popular, Elías Bendodo. Dos de sus vicepresidentes reciben un curso de élite a cuenta del erario público. Y lo más grave es que la institución provincial, desde la llegada de los populares a su gobierno, protagoniza sucesivos casos similares a este.
 
  Recordemos la designación como asesor para “Asuntos Taurinos” del ex alcalde de Benalmádena Enrique Moya, que tras las elecciones fue desalojado del sillón municipal, en un puesto creado “ex profeso” para él y sin apenas competencias ni trabajo con una remuneración de 47.000 euros. Luego se conoció que en la relación de cargos de confianza del presidente Bendodo, constaba la contratación, por la puerta de atrás, y con la categoría de asesor técnico de Presidencia de su chófer en el partido, con un sueldo bruto de 54.000 euros anuales. El conductor fue nombrado el 15 de julio del pasado año, tan sólo un día después del pleno de organización de la institución, en una de las primeras decisiones del nuevo presidente.
  
  Ahora surge un nuevo escándalo en la Diputación Provincial que afecta en cierta medida a la política de nuestro municipio. Y es que se ha conocido que por decreto de la Diputación se pagaron dos programas de alta dirección para el vicepresidente primero Francisco Oblaré y para la vicepresidenta tercera, Ana Carmen  Mata, durante años concejal en el Ayuntamiento de Fuengirola,por valor de 14.500 euros. Se trata de dos cursos del prestigioso y caro Instituto
Internacional San Telmo que, destinados a dos diputados provinciales del equipo de gobierno, fueron abonados con dinero público de la Diputación.

    Se ha hecho público y censurado que Oblaré, levantó, mediante un decreto firmado como presidente accidental, un reparo del interventor de la institución al pago de dos facturas presentadas por el Instituto Internacional San Telmo por un importe de 7.250 euros cada una, correspondientes a dos programas de alta dirección para el mismo y para la vicepresidenta tercera, Ana Carmen Mata, quienes cobran cada uno 61.103,15 euros anuales.

  Especialmente grave que en la Diputación, desde donde Bendodo nos dijo que su gobierno sería el de la austeridad, haya dinero para pagar cursos de alta dirección por 14.500 euros, pero se dejen sin financiación a asociaciones y colectivos de la provincia en momentos de austeridad, se recorten los talleres de prevención de violencia de género o se limiten las plazas en los centros especializados, dando así un pésimo ejemplo a la ciudadanía que ve aumentar sus impuestos y disminuir sus ingresos.
    El decreto 1133/2012, de fecha 15 de febrero de 2012, sobre Recursos Humanos y Servicios Generales, ordenado por Oblaré como presidente acciden-tal, se refiere a “Resolución de discrepancias y aprobación de facturas emitidas por el Instituto Internacional San Telmo”. En el texto se explica que “conocidas las facturas presentadas por el Instituto Internacional San Telmo números 674 y 674 por importe de 7.250 euros cada una de ellas correspondientes al Programa Alta Dirección AD1-Dª Ana Carmen Mata Rico y Programa Alta Dirección de AD1-D. Javier Francisco Oblaré Torres y resultado que por el Sr. Interventor se emite informe de reparo, con fecha de 6 de febrero de 2012, indicando que se ha producido un error en la aplicación presupuestaria pro-puesta para la imputación contable del gasto”.
    A la gravedad del hecho se añade que cada uno de estos dos diputados provinciales, con rango de vicepresidentes primero y tercero, perciben anualmente más de 61.000 euros por su responsabilidad política en Diputación. ¿No es suficiente emolumento para que fueran ellos quienes abonaran unos cursos privados?

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