1 de septiembre de 2009

Cesan los garantes de la legalidad en nuestro Ayuntamiento


En estos últimos años en el ayuntamiento de Fuengirola los fedatarios públicos, que son funcionarios de carrera, y que vigilan y asesoran a los políticos para que la legalidad vigente sea cumplida, cesan en sus puestos sin motivo justificado.
Las funciones que cumplen los Secretarios, Interventores y tesoreros de la Administración local sirven de garantía para los ciudadanos. Cabe resaltar el gran servicio que estos profesionales han aportado a los alcaldes y Concejales durante todo el período de democracia, que ahora cumple 30 años. Es evidente la importancia de contar con los informes de estos profesionales que sirven como garantes de los acuerdos, evitando que se cometan errores e ilegalidades. Es esencial que sus competencias abarquen todas las decisiones en los ayuntamientos y órganos de gobierno.
Después de años de ausencia de estos funcionarios en el ayuntamiento de Fuengirola, los Andalucitas demandamos en más de una ocasión que estas plazas estuvieran cubiertas por estos profesionales, lo que se logró mucho tiempo después. Pero los garantes de la legalidad en nuestro Ayuntamiento suelen durar poco en sus puestos. Lo cierto es que tanto el interventor como el secretario al poco de su toma de posición causan cese y dejan vacantes sus puestos de trabajo.
El último cesó el día 7 de agosto pasado. ¿A qué se debe la marcha de estos funcionarios? ¿Cuáles son los motivos para que estos habilitados salgan casi sin despedirse cuando empiezan a conocer los entresijos de nuestro Ayuntamiento?
En los últimos plenos el Grupo Municipal Andalucista ha votado en contra de algunos temas graves en materia económica y urbanística, por entender que el proceder no se ajustaba a lo legalmente correcto. No queremos suponer que las dimisiones de estos habilitados, que en parte son los encargados de velar por la legalidad de los asuntos del municipio, puedan deberse a que no se les permite realizar su cometido acorde a la legalidad, ya que están obligados a denunciar las anomalías que encuentren en el desarrollo de su trabajo.
Porque, ¿le compensa realmente a un fedatario público poner en juego su carrera profesional por aliarse con el
partido en el poder del municipio, para legalizar lo que no se puede, para hacer la vista gorda de aquello que abulta más que la constitución? Después de lo visto, y las consecuencias que les puede acarrear, ese sería un motivo plausible para los ceses.