El 18 de junio de 2008, la fortuna hizo un guiño a un centenar de familias fuengiroleñas en el sorteo de 102 viviendas protegidas promovidas por la iniciativa privada en la barriada de Los Pacos. Sin embargo, el entusiasmo y la ilusión desbordantes de aquellos momentos pronto se convirtieron en rabia y desazón al toparse de lleno con la cruda realidad: ningún banco les concedía el préstamo hipotecario para afrontar el pago de estos pisos que, con garaje y trastero, alcanzaban los 170.000 euros, cifra más propia de promociones de renta libre. ¿Consecuencia? Los adjudicatarios se vieron obligados a renunciar a su compra, pasos que siguieron los que conformaban la lista de espera. Año y medio después, el edificio Mirador sigue en el limbo, con la obra parada desde hace meses pese a que su construcción está prácticamente acabada. De hecho, incluso ha sido objeto de un intento de ocupación por parte de personas sin techo.
Para hacer posible la creación de dichas viviendas, el Ayuntamiento sacó a concurso una parcela de unos 8.000 metros cuadrados, subvencionando su compra con 3,7 millones de euros. De esta forma, se pensaba abaratar el precio de los pisos, pero finalmente el metro cuadrado útil cuesta 1.743,40 euros, mientras que para los aparcamientos y los trasteros, el coste es de 1.046,04 euros el metro. La superficie útil oscila entre los 67,51 y los 86,94 metros cuadrados. Provisoc Málaga, promotora perteneciente a la constructora Profasan, entregó la lista de precios cuyo importe asciende a 170.590,57 euros la vivienda de VPO, con una hipoteca de 127.544,35 euros, es decir que un simple cálculo nos lleva a una cuota mensual cercana a los 1.000,00 euros, precio de residencia de lujo, inalcanzable para las familias de clase media y para los jóvenes que empiezan un proyecto de vida, tanto en pareja como en solitario.
Por el Partido Andalucista no se comprende cómo el Ayuntamiento de Fuengirola no ha firmado el Plan Andaluz de la Vivienda, que ha suscrito la mayoría de Ayuntamientos de Andalucía, y que está apoyado por los promotores, entidades financieras, sindicatos y la Junta de Andalucía, para construir viviendas de VPO con un precio máximo de 90.000,00 euros. En este caso, ¿quién hace el negocio? La empresa adjudicataria de las obras recibe una parcela municipal subvencionada con más de 3 millones de euros, y el consistorio se acoge a la categoría de VPO, que tasa el módulo más caro.
Se da la paradoja de que pisos nuevos, en zona cercana al Edificio Mirador, se pueden adquirir totalmente amueblados a precios inferiores a los de esta promoción municipal, 137.400,00 euros sin la traba de ser de VPO, es decir, que sus adjudicatarios no los pueden vender durante 10 años por esa circunstancia.
Después de todo esto nos parece poco serio la carta remitida desde la alcaldía a todas las personas que fueron agraciadas en el sorteo y que al comprobar el alto precio renunciaron sin excepción a la adjudicación de la vivienda, donde se les dice que estas viviendas han sido ejecutadas por una promotora privada y que, por consiguiente, el Ayuntamiento sólo intervino en su día para conseguir que fueran de VPO y no de renta libre.
Esto viene a corroborar, una vez más, la necesidad planteada al Equipo de Gobierno Popular por el Grupo Municipal Andalucista, de la creación de una Sociedad Municipal para la promoción de viviendas de Protección Oficial, que fijaría y controlaría los precios, pudiéndose reducir éstos a los costes de la promoción, realizados de la forma más eficiente posible.
Y lo grave es comprobar como esta misma empresa pone a la venta otra promoción cercana a esta con las mismas características pero 37.000 euros más barata y además están amuebladas. Todo ello sin que esta otra promoción haya recibido subvención como la que obtuvo la vendida por el ayuntamiento.
Para hacer posible la creación de dichas viviendas, el Ayuntamiento sacó a concurso una parcela de unos 8.000 metros cuadrados, subvencionando su compra con 3,7 millones de euros. De esta forma, se pensaba abaratar el precio de los pisos, pero finalmente el metro cuadrado útil cuesta 1.743,40 euros, mientras que para los aparcamientos y los trasteros, el coste es de 1.046,04 euros el metro. La superficie útil oscila entre los 67,51 y los 86,94 metros cuadrados. Provisoc Málaga, promotora perteneciente a la constructora Profasan, entregó la lista de precios cuyo importe asciende a 170.590,57 euros la vivienda de VPO, con una hipoteca de 127.544,35 euros, es decir que un simple cálculo nos lleva a una cuota mensual cercana a los 1.000,00 euros, precio de residencia de lujo, inalcanzable para las familias de clase media y para los jóvenes que empiezan un proyecto de vida, tanto en pareja como en solitario.
Por el Partido Andalucista no se comprende cómo el Ayuntamiento de Fuengirola no ha firmado el Plan Andaluz de la Vivienda, que ha suscrito la mayoría de Ayuntamientos de Andalucía, y que está apoyado por los promotores, entidades financieras, sindicatos y la Junta de Andalucía, para construir viviendas de VPO con un precio máximo de 90.000,00 euros. En este caso, ¿quién hace el negocio? La empresa adjudicataria de las obras recibe una parcela municipal subvencionada con más de 3 millones de euros, y el consistorio se acoge a la categoría de VPO, que tasa el módulo más caro.
Se da la paradoja de que pisos nuevos, en zona cercana al Edificio Mirador, se pueden adquirir totalmente amueblados a precios inferiores a los de esta promoción municipal, 137.400,00 euros sin la traba de ser de VPO, es decir, que sus adjudicatarios no los pueden vender durante 10 años por esa circunstancia.
Después de todo esto nos parece poco serio la carta remitida desde la alcaldía a todas las personas que fueron agraciadas en el sorteo y que al comprobar el alto precio renunciaron sin excepción a la adjudicación de la vivienda, donde se les dice que estas viviendas han sido ejecutadas por una promotora privada y que, por consiguiente, el Ayuntamiento sólo intervino en su día para conseguir que fueran de VPO y no de renta libre.
Esto viene a corroborar, una vez más, la necesidad planteada al Equipo de Gobierno Popular por el Grupo Municipal Andalucista, de la creación de una Sociedad Municipal para la promoción de viviendas de Protección Oficial, que fijaría y controlaría los precios, pudiéndose reducir éstos a los costes de la promoción, realizados de la forma más eficiente posible.
Y lo grave es comprobar como esta misma empresa pone a la venta otra promoción cercana a esta con las mismas características pero 37.000 euros más barata y además están amuebladas. Todo ello sin que esta otra promoción haya recibido subvención como la que obtuvo la vendida por el ayuntamiento.
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