Algo puede cambiar en Fuengirola a tenor de esta nueva resolución judicial. La alcaldesa del PP y portavoz del PP en el Parlamento Andaluz, Esperanza Oña, ha sido condenada por prácticas y usos indebidos. Cree que el Ayuntamiento es su cortijo demostrando un talante muy totalitario. La Justicia, de nuevo, le ha parado los pies y ahora la ha condenado porque vulneró la Ley de Contratos del Sector Público primando a las empresas que esperasen mayor plazo de pago. Es decir, por favorecer la contratación puntuando más a unas que a otras.
El Ayuntamiento ha sido condenado por un juzgado tras un recurso de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. El ayuntamiento vulneró la Ley de Contratos al otorgar hasta un máximo de diez puntos adicionales a las empresas que ofertaran periodos de diferimiento en el pago superiores a los 60 días que fija la ley en el concurso para las obras de reforma del edificio de la Jefatura de Policía, licitado por 1,5 millones de euros en 2008.
Según el diario “Málaga Hoy” el Ayuntamiento premiaba con un punto cada mes de más que tardaría la constructora en cobrar las certificaciones de obras, lo que a juicio de la patronal iba en contra no sólo de la Ley de Contratos del Sector Público, sino también de la Ley contra la morosidad en las operaciones comerciales. Es decir, el equipo de gobierno de Oña pretendía obtener financiación gratuita para acometer sus obras, evitando los intereses de demora fijados por ley cuando se sobrepasan esos 60 días en el pago.
Los constructores presentaron una alegación al Ayuntamiento de Fuengirola para que se suspendiera la licitación y se reiniciara el procedimiento, pero fue desestimada por la junta de gobierno local, que decidió seguir adelante. En diciembre de ese año la obra fue adjudicada a la firma Chirivo Construcciones, que ganó el concurso a otras siete empresas tras ofertar un precio de 1,1 millones de euros y una “propuesta de financiación” de 240 días tras las certificaciones de obras. La sociedad aceptaba no cobrar hasta ocho meses después de terminar sus trabajos.
Las obras se iniciaron en enero y terminaron en diciembre de 2009, seis meses antes de que el juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Málaga diera la razón a la ACP y estimara que el Ayuntamiento vulneró la ley. El juez anuló la resolución del Consistorio y desestimó tanto su pretensión de acogerse a la libertad de pactos como su tesis de que el retraso en los pagos más allá del límite legal puede ser uno de los factores a tener en cuenta en los concursos públicos, como si se tratara de ventajas medioambientales, técnicas o sociales.
Esto es un ejemplo más de que las mayorías no sirven para vulnerar la Ley, y en Fuengirola ya son muchas las resoluciones judiciales que le dicen al equipo de Esperanza Oña que ha cometido una irregularidad, y siempre se ampara en su mayoría política. Confunden el respeto a la legalidad con su mayoría, y así meten al Ayuntamiento en un círculo peligroso con sus condiciones abusivas.
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