Medio Ambiente ha dado luz verde a la ampliación del puerto de Fuengirola, al entender que se encuentra fuera de cualquier espacio natural protegido y que es compatible con la actividad pesquera.
El Partido Andalucista, con fecha 8 de mayo de 2002, propuso la creación de una comisión de trabajo y seguimiento, en la que estuvieran integradas todas las fuerzas, tanto políticas como sociales y las asociaciones empresariales, y que estas fueran las encargadas de analizar e impulsar en profundidad el proyecto para el Puerto Deportivo de Fuengirola, presentado por el Partido Popular. A la demanda Andalucista, después de todos estos años, nunca se nos ha contestado, a pesar de que la propuesta debería de haberse valorado y tenido en cuenta por ser del interés de todos los fuengiroleños.
El Partido Andalucista ha leído y analizado el documento de declaración de impacto medioambiental para la ampliación del puerto de Fuengirola. Esta remodelación contempla la destrucción de la práctica totalidad de los edificios existentes donde ahora se ubican unos 8000 m2 ocupados por locales comerciales, que gestiona la Sociedad Municipal.
En el año 1984 se solicitó al MOPU, antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el proyecto del Puerto de Fuengirola, que fue aprobado y concedida la gestión al Ayuntamiento. Aprovechando la idea de un empresario con viabilidad económica, se pone en venta la concesión por 50 años cada unidad de local o atraque a ciudadanos interesados, con lo que se financia la obra. Una vez la empresa que realizó el proyecto quebró, la explotación quedó en propiedad del Ayuntamiento por los años de concesión, el 10% de los locales comerciales y el 51% de los atraques.
¿Qué va a pasar con los 26 años que les quedan de explotación a los comerciantes que invirtieron sus ahorros en estos negocios, habiendo pagado religiosamente cada año todo tipo de impuestos, si se va a derribar la práctica totalidad de los locales en el nuevo Proyecto? ¿Quién les va a compensar de semejante pérdida? ¿Dé qué van a vivir muchos de estos empresarios durante los años que duren las obras?
Delicada situación en la que puede dejar la EPPA a los cesionarios de buena fe, que van a pagar los platos rotos, porque según el proyecto la Junta de Andalucía pretende eliminar el 75% de los locales comerciales, a los que todavía les quedan 26 años de concesión.
Ante la alarma suscitada, el Equipo de Gobierno debería manifestarse sobre este tema sin pérdida de tiempo, tranquilizando a los comerciantes afectados y defendiendo sus derechos ante la Junta de Andalucía.
En el último Pleno celebrado por el Ayuntamiento, el Grupo Municipal Andalucista solicitó de nuevo la constitución de una comisión de seguimiento compuesta por representantes de los distintos partidos políticos, que supervise el Proyecto y controle la ejecución de las obras.
El Partido Andalucista ha leído y analizado el documento de declaración de impacto medioambiental para la ampliación del puerto de Fuengirola. Esta remodelación contempla la destrucción de la práctica totalidad de los edificios existentes donde ahora se ubican unos 8000 m2 ocupados por locales comerciales, que gestiona la Sociedad Municipal.
En el año 1984 se solicitó al MOPU, antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el proyecto del Puerto de Fuengirola, que fue aprobado y concedida la gestión al Ayuntamiento. Aprovechando la idea de un empresario con viabilidad económica, se pone en venta la concesión por 50 años cada unidad de local o atraque a ciudadanos interesados, con lo que se financia la obra. Una vez la empresa que realizó el proyecto quebró, la explotación quedó en propiedad del Ayuntamiento por los años de concesión, el 10% de los locales comerciales y el 51% de los atraques.
¿Qué va a pasar con los 26 años que les quedan de explotación a los comerciantes que invirtieron sus ahorros en estos negocios, habiendo pagado religiosamente cada año todo tipo de impuestos, si se va a derribar la práctica totalidad de los locales en el nuevo Proyecto? ¿Quién les va a compensar de semejante pérdida? ¿Dé qué van a vivir muchos de estos empresarios durante los años que duren las obras?
Delicada situación en la que puede dejar la EPPA a los cesionarios de buena fe, que van a pagar los platos rotos, porque según el proyecto la Junta de Andalucía pretende eliminar el 75% de los locales comerciales, a los que todavía les quedan 26 años de concesión.
Ante la alarma suscitada, el Equipo de Gobierno debería manifestarse sobre este tema sin pérdida de tiempo, tranquilizando a los comerciantes afectados y defendiendo sus derechos ante la Junta de Andalucía.
En el último Pleno celebrado por el Ayuntamiento, el Grupo Municipal Andalucista solicitó de nuevo la constitución de una comisión de seguimiento compuesta por representantes de los distintos partidos políticos, que supervise el Proyecto y controle la ejecución de las obras.
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