El Ayuntamiento de Fuengirola ha aprobado en sesión plenaria la desafectación de los aparcamientos del Campo Suel a instancias del Equipo de Gobierno del Partido Popular, lo que hace que este bien público deje de pertenecer a todos los ciudadanos y pase a manos privadas. Este proceso crea gran incertidumbre entre los fuengiroleños que ven como el Ayuntamiento está vendiendo el patrimonio municipal y haciendo caja sin importarle nada el futuro de las generaciones venideras ni el de las próximas corporaciones.
Hace siete años la empresa ORECO resultaba adjudicataria de las obras de construcción y la concesión durante 50 años de la explotación de las 565 plazas de aparcamiento del Campo Suel. En este sentido, se ocuparon todas teniendo que pagar los usuarios 14.950 euros por el derecho de uso y disfrute de las mismas durante ese periodo de tiempo. Ahora el Ayuntamiento pretende que paguen otros 3.500 euros (en total 18.450 euros) para que pasen a ser propiedad de los usuarios. No todos han solicitado ser titulares. ¿Qué pasará con las plazas que seguirían estando bajo la tutela del Consistorio? ¿Cómo se va a realizar la desafectación del subsuelo sólo en parte?¿Cómo se inscribirían entonces registralmente? ¿Quiénes se harían cargo del mantenimiento de los aparcamientos? A todas estas dudas hay que sumar que ORECO ha renunciado a la concesión firmando la escritura pública de renuncia por parte de la mercantil con fecha 26 de mayo (un día después de haberse convocado el pleno en el cual ya estaba añadido este punto en el orden del día).
Si atendemos a este último criterio la empresa concesionaria se comprometía a pagar un canon de 30 euros por plaza al año al Consistorio. ¿Se le va a perdonar la deuda? Si es así la constructora ha hecho un gran negocio pues en 43 años que quedan de concesión le falta por pagar 728.850 euros, los mismos que, evidentemente, no entrarían a formar parte de las arcas municipales. Si continuamos hablando en cifras ORECO habría obtenido unos beneficios de 8,4 millones de euros que restándole los aproximadamente 2,5 millones de euros que haya podido costar la ejecución de la obra sigue quedándole la suculenta cifra de 6 millones de euros de beneficio.
Ante esta situación de confusión hay que poner en duda la legalidad de este proceso donde ni siquiera existe el informe de intervención sobre este asunto. Tampoco consta en el expediente el número de solicitudes para que se produzca este cambio jurídico. En el contrato que ORECO firma con los titulares de las plazas se manifiesta expresamente que la empresa es titular de una concesión de obra pública y de su posterior explotación, siendo el comprador del uso y disfrute de esa plaza de aparcamiento. Por tanto la premisa de articular la desafectación en la solicitud de los titulares queda vacía de contenido ya que estos no tienen la calificación de concesionarios y la aprobación del expediente estaría en claro fraude de ley.
Estos motivos son los que han llevado al Partido Andalucista a votar en contra de esta medida tan perjudicial para el ayuntamiento y los ciudadanos en particular, que conlleva la perdida de la propiedad municipal de unos aparcamientos que tienen encima un campo de deportes.
Hace siete años la empresa ORECO resultaba adjudicataria de las obras de construcción y la concesión durante 50 años de la explotación de las 565 plazas de aparcamiento del Campo Suel. En este sentido, se ocuparon todas teniendo que pagar los usuarios 14.950 euros por el derecho de uso y disfrute de las mismas durante ese periodo de tiempo. Ahora el Ayuntamiento pretende que paguen otros 3.500 euros (en total 18.450 euros) para que pasen a ser propiedad de los usuarios. No todos han solicitado ser titulares. ¿Qué pasará con las plazas que seguirían estando bajo la tutela del Consistorio? ¿Cómo se va a realizar la desafectación del subsuelo sólo en parte?¿Cómo se inscribirían entonces registralmente? ¿Quiénes se harían cargo del mantenimiento de los aparcamientos? A todas estas dudas hay que sumar que ORECO ha renunciado a la concesión firmando la escritura pública de renuncia por parte de la mercantil con fecha 26 de mayo (un día después de haberse convocado el pleno en el cual ya estaba añadido este punto en el orden del día).
Si atendemos a este último criterio la empresa concesionaria se comprometía a pagar un canon de 30 euros por plaza al año al Consistorio. ¿Se le va a perdonar la deuda? Si es así la constructora ha hecho un gran negocio pues en 43 años que quedan de concesión le falta por pagar 728.850 euros, los mismos que, evidentemente, no entrarían a formar parte de las arcas municipales. Si continuamos hablando en cifras ORECO habría obtenido unos beneficios de 8,4 millones de euros que restándole los aproximadamente 2,5 millones de euros que haya podido costar la ejecución de la obra sigue quedándole la suculenta cifra de 6 millones de euros de beneficio.
Ante esta situación de confusión hay que poner en duda la legalidad de este proceso donde ni siquiera existe el informe de intervención sobre este asunto. Tampoco consta en el expediente el número de solicitudes para que se produzca este cambio jurídico. En el contrato que ORECO firma con los titulares de las plazas se manifiesta expresamente que la empresa es titular de una concesión de obra pública y de su posterior explotación, siendo el comprador del uso y disfrute de esa plaza de aparcamiento. Por tanto la premisa de articular la desafectación en la solicitud de los titulares queda vacía de contenido ya que estos no tienen la calificación de concesionarios y la aprobación del expediente estaría en claro fraude de ley.
Estos motivos son los que han llevado al Partido Andalucista a votar en contra de esta medida tan perjudicial para el ayuntamiento y los ciudadanos en particular, que conlleva la perdida de la propiedad municipal de unos aparcamientos que tienen encima un campo de deportes.
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